Medidas de Trump sobre ciudadanía enfrentan rechazo judicial

Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción provisional que impide la implementación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el exmandatario Donald Trump. Esta disposición buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en el país, lo que provocó una fuerte controversia y un amplio rechazo por parte de grupos de derechos civiles, fiscales generales y diversos estados encabezados por demócratas.

Información sobre la orden ejecutiva

La medida ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos sin documentación o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense adquirieran automáticamente la ciudadanía, a menos que al menos uno de los progenitores fuera ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal. Esta política, denominada «Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba frontalmente la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La orden ejecutiva buscaba evitar que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense obtuvieran automáticamente la ciudadanía, salvo que al menos uno de los padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba directamente la interpretación histórica de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todos los individuos nacidos o naturalizados en Estados Unidos, y bajo su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que habitan». Este principio ha sido reafirmado en fallos previos del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que ratificó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes.

La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen». Este principio ha sido reafirmado en decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que confirmó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes.

Primer fallo judicial

El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «claramente inconstitucional». La demanda legal en Seattle fue interpuesta por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, los cuales argumentan que la orden infringe derechos fundamentales y podría causar un impacto considerable en las jurisdicciones locales, incluida la pérdida de fondos federales para programas destinados a la infancia.

El juez federal John Coughenour, al emitir su orden de restricción, calificó la medida de Trump como «descaradamente inconstitucional». La acción legal en Seattle fue presentada por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, que sostienen que la orden viola derechos fundamentales y podría tener un impacto significativo en las jurisdicciones locales, incluida la pérdida de financiación federal para programas infantiles.

Además, una coalición de 18 estados presentó una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo viola los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las localidades afectadas.

El principio de ciudadanía por nacimiento ha sido esencial en Estados Unidos desde la implementación de la 14ª Enmienda. Dicha enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos emancipados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha constituido un pilar central de la identidad constitucional de la nación.

Aunque en su primer mandato Trump había amenazado con tomar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva representa el primer intento formal de limitar este principio a través de una acción directa desde el Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.

La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento

Quienes apoyan políticas migratorias más estrictas sostienen que la ciudadanía por nacimiento fomenta el «turismo de natalidad» y la inmigración ilegal, sugiriendo que numerosas mujeres embarazadas cruzan la frontera para que sus hijos nazcan en Estados Unidos y adquieran automáticamente la ciudadanía. No obstante, expertos constitucionales y juristas han indicado que cualquier modificación de este principio necesitaría una enmienda constitucional o un fallo del Tribunal Supremo, y no podría ser impuesta unilateralmente por el presidente a través de una orden ejecutiva.

Consecuencias futuras

La decisión del magistrado Coughenour señala el comienzo de lo que se prevé será una prolongada disputa legal sobre la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas progresen en el sistema judicial, se anticipa que el caso llegará finalmente al Tribunal Supremo, donde se decidirá la constitucionalidad de esta polémica medida.

El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.

La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.

By Rubén Perez

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