En una jornada caracterizada por amplias discusiones entre diversas corrientes políticas, el Senado de la República dio luz verde por mayoría a un conjunto de cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las enmiendas pretenden modernizar el marco regulatorio ante los retos del entorno digital actual, reforzar los derechos de los consumidores y asegurar una competencia más justa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Dentro de las modificaciones principales aprobadas, se hace explícito el reconocimiento del acceso a internet como un derecho esencial. Esto requiere que las autoridades generen condiciones que garanticen una conexión accesible, constante y de calidad para todos los ciudadanos, poniendo especial atención en las áreas rurales o de difícil acceso. Esta medida está en consonancia con los compromisos adquiridos en cuanto a inclusión digital y progreso social.
Los cambios también incluyen normas más rigurosas para las plataformas digitales que brindan servicios de video en línea. Aunque no se regulan directamente los contenidos, se fijan pautas relativas a la transparencia en los algoritmos de recomendación, publicidad personal y mecanismos de reclamación para los usuarios. El objetivo es mejorar la defensa de los derechos de los consumidores digitales sin detener la innovación tecnológica ni imponer cargas innecesarias a los proveedores de servicios.
Uno de los puntos más discutidos fue la redefinición del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incorpora nuevas métricas sobre participación de mercado y control de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto permitiría al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aplicar medidas asimétricas con mayor precisión para evitar abusos de poder de mercado y fomentar la competencia.
Además, se añade una medida que exige a los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones adherirse a criterios básicos de accesibilidad para personas con discapacidades. Esto comprende la inclusión de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en determinados contenidos, así como la adaptación de interfaces en las plataformas digitales.
En lo que respecta a la radiodifusión pública, se implementan medidas para asegurar su autonomía editorial y viabilidad financiera. Se prevé la instauración de un fondo específico que facilitará la financiación de contenidos culturales, educativos y de interés social, evitando la dependencia exclusiva de los presupuestos anuales o de la publicidad comercial.
Las reformas también hacen énfasis en la protección de datos personales en el contexto digital. Las empresas del sector deberán implementar políticas claras de manejo de información y ofrecer a los usuarios mecanismos efectivos para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). De igual forma, se establecen límites a la retención de datos por parte de proveedores de servicios móviles y de internet.
Otro avance importante es la inclusión de disposiciones para la promoción de contenidos nacionales y el fortalecimiento de la producción independiente. Las plataformas con una presencia significativa en el mercado mexicano deberán destinar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en coproducción con casas productoras nacionales, con el objetivo de incentivar la diversidad cultural y apoyar a la industria audiovisual local.
El fallo recibió el apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, aunque algunos diputados manifestaron inquietudes respecto a posibles impactos secundarios de ciertas medidas sobre la libertad de expresión o la capacidad operativa de pequeñas empresas del sector. No obstante, el consenso general resaltó la importancia de renovar la legislación frente a un entorno digital que avanza rápidamente y cuya influencia en la vida pública es cada vez más significativa.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.
