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Esta semana, el Gobierno inició el proceso que culminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen reuniones matutinas de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y el Consejo de Política Fiscal y Financiera ( CPFF), y la aprobación por el Consejo de Ministros del marco macroeconómico y, posiblemente, del «techo de gas» este martes.
En reuniones con los asistentes de la CNAL y con los asesores autonómicos del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicará los objetivos de déficit y los recursos asignados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el contexto macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, anunció que los jóvenes del Gobierno revisarán y elevarán la previsión de crecimiento del PIB para este año, extendiéndola hasta 2025. Aunque aún no se han publicado las cifras exactas Hoy confirmé que la revisión para 2024 aumentará el crecimiento del PIB en un 2% efectivo hasta aproximadamente el 2,5%, mientras que para 2025 la previsión es del 1,9%.
El Banco de España registró un incremento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 2,4% este año y un 2,1% el próximo, la Comisión Europea prevé un 2,1% para 2024 y un 1,9% para 2025 .
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado negociaciones para garantizar los PGE de 2025, buscando el apoyo de diferentes partidos a través de la «geometría variable», estrategia utilizada en el pasado para aprobar diversas normas.
Responsables del Ejecutivo han compartido con Servimedia detalles sobre los nuevos supuestos, destacando el «arma de emergencia» anunciada por el Ministerio de Hacienda el mes pasado. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los ministros a definir sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, especialmente en Cataluña, donde en las elecciones del 12 de mayo ganó el socialista Salvador Illa, pero todavía no hay candidato a la investidura ni partidarios de su retirada. Las negociaciones quedaron paralizadas, aunque no se han retomado, según la fuente del proyecto.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, el Gobierno incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso para eliminar el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, permitiendo así que sean aprobados únicamente por el Congreso. Esta medida generó un debate jurídico tras su presentación por parte del PP al Congreso. Con todo ello, el objetivo de Montero es presentar el proyecto de Presupuestos en octubre.
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